Ante la presión del Sindicato de Trabajadores Municipales, el intendente Pulti dará marcha atrás con la suspensión preventiva por 60 días de dos agentes dependientes del Departamento de Inspección de Tránsito, quienes fueron denunciados por presuntos hechos de corrupción durante la actual administración municipal. Por otra parte, el Ejecutivo Comunal resolvió aplicar una ridícula suspensión a otro empleado municipal acusado de otorgar “discrecionalmente” un lote fiscal.
BORRAR CON EL CODO…. Según el decreto registrado bajo el Nº 306 y con fecha 21 de febrero de 2008, firmando por el intendente Pulti y el Secretario de Gobierno Juan Guiñazú, se detalla que “el día 11 de febrero de 2008, se presenta en dependencias del Departamento de Inspección de Tránsito el Sr. Oscar Eduardo Alias, quien deja asentada denuncia en el Libro de Quejas que la dependencia tiene habilitado, en la que manifiesta que a la hora 19:30 de la fecha en la que formula la denuncia, inspectores de tránsito detuvieron a su hijo quien conducía una moto y al no contar con el seguro pertinente del vehículo, tomaron un reproductor de música (mp3) propiedad de su hijo”. En tal sentido, Alias especificó que “uno de los inspectores se hallaba a cargo de la moto identificada con el número 919”. A las pocas horas, Alias formuló una denuncia penal por el señalado motivo, ampliando detalles respecto del procedimiento, el que según sus dichos, culminara con la entrega del aparato reproductor de música, a cambio de evitar el secuestro del motovehículo. El denunciante precisó que actuaron en el procedimiento "dos inspectores". El Departamento de Tránsito informó que el día 11 de febrero, en el horario mencionado, “se encontraba a cargo de la moto interno 919 el agente Mariano Rubio” y que “el citado inspector era acompañado en el servicio asignado por el agente Damián Avalos”. En el señalado decreto, al cual este vespertino digital tuvo acceso, el Ejecutivo Comunal manifiesta “del accionar de los posibles agentes municipales, se desprende la comisión de delito que amerita iniciar las investigaciones pertinentes con el fin de deslindar responsabilidades”. Y se remarcó que “independientemente del avance de la investigación penal en curso, corresponde arbitrar los medios necesarios para ahondar una investigación administrativa que permitan determinar los grados de responsabilidad del personal involucrado; a los efectos de preservar no sólo el interés público comprometiendo, sino también el marco de legalidad que debe regir toda actuación de la administración pública”. “En virtud de la gravedad que revisten los hechos denunciados se entiende necesario el alejamiento transitorio de los agentes denunciados del servicio administrativo, disponiendo la suspensión preventiva por el término de sesenta días” finaliza el texto. Ante esta decisión del intendente Pulti, el personal de tránsito realizó este miércoles retención de servicios. Desde el gremio sostuvieron que “si bien es correcto que se inicie una investigación en base a una denuncia, nos oponemos al procedimiento implementado”. Este jueves, altas fuentes del Ejecutivo Comunal le confiaron a 0223.com.ar que “Gustavo (Pulti) dará marcha atrás con el decreto de suspensión. Los agentes denunciados serán trasladados a otras áreas. Eso fue lo que se arregló con el Sindicato”. En declaraciones a este vespertino digital, el Director de Transporte y Tránsito, Juan José Arteaga, afirmó que “el personal de tránsito no realizó retención de servicio el miércoles. Solo hicieron una reunión. Este jueves, la tarea fue normal en la dependencia” y confirmó que los agentes denunciados “serán trasladados de área hasta la espera de la resolución de la causa penal”.
EL CASO REGIDOR Mediante una nota presentada en el Municipio, vecinos de los barrios Mar y Sol, Los Acantilados, Mar Azul y San Carlos rechazaron la entrega de una parcela de tierra a una familia de bajos recursos. Nancy Villafañe, beneficiaria de la parcela, realizó las gestiones ante la Presidencia de la Nación, ya que la misma era locataria de un local del Hotel Provincial y debido a la Cumbre de las Américas debía desalojarlo. Un informe de Gestión de Presidencia de la Nación, por el cual se sugiere dar intervención a los gobiernos municipal y provincial, a los fines de incluir a Villafañe en el Plan de Emergencia Habitacional. Según se refleja en la resolución registrada bajo el Nº 251 que se encuentra firmada por el Secretario de Gobierno Juan Guiñazú, el agente César Regidor habría procedido a entregar una parcela en el barrio Los Acantilados a Villafañe para que instale una vivienda industrializada que le cediera el Gobierno Provincial. El Secretario de Gobierno indicó que “las razones que invoca como exculpaltes de la responsabilidad que se le endilga, es decir, fines solidarios y cumplimiento de órdenes emanadas en un superior, no justifican su accionar. Es que precisamente atento el cargo que detenta, aún en tal supuesto no acreditado, le correspondería asesor al personal jerárquico, en tanto se presume que posee acabados conocimientos sobre las normas administrativas municipales”. Además, el funcionario aseveró que “Regidor se arrogó atribuciones que no le correspondían, llevando a cabo un accionar que no se encuentra amparado por norma alguna que contemple tal posibilidad, al otorgar discrecionalmente el permiso de uso y habitación de un inmueble de dominio fiscal a favor de la Sra. Villafañe extendiendo la respectiva constancia en fecha de octubre de 2005, lo que finalmente concluyó con la instalación en el predio de la vivienda industrializada”. En el marco del sumario administrativo, la Dirección de Sumarios aconsejó la sanción de 10 días de suspensión y la Junta de Disciplina, integrada por funcionarios del Ejecutivo y dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales, aconsejó el sobreseimiento del agente Regidor. Finalmente, el Ejecutivo Comunal resolvió dar por finalizado el sumario administrativo y aplicar 10 días de suspensión al agente César Antonio Regidor dependiente del Departamento de Banco de Tierras. Cabe recordar que Regidor es uno de los hombres que integran el círculo político del ex intendente Katz y fue acusado por otras irregularidades, incluso con denuncias en la Justicia.
MALA SEÑAL Desde el Ejecutivo Comuna se manifiesta constantemente que “esta gestión tiene una línea de conducta única y coherente para todos los casos. Así como se controlan los excesos que comete la sociedad civil, pretendemos que los empleados municipales tengan una conducta acorde con su calidad de funcionarios públicos y cuando incurren en inconductas, se aplican las medidas pertinentes, es decir, se inician los sumarios administrativos y se procede a la suspensión. Esta línea también la aplicamos a los funcionarios designados por esta gestión, a quienes les exigimos mayor compromiso con esta pauta”. Parecería que los bríos de “transparencia” manifestados verbal y prácticamente por ejemplo en los casos del Delegado del Puerto, Xavier Marcone, o el ex Director de Transporte y Tránsito, Víctor Bengolea, lentamente sucumben ante la cruda realidad y las presiones sectoriales.
jueves, 28 de febrero de 2008
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